El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que refuerzan el derecho de acceso a información pública relativa al complemento de productividad percibido por empleados públicos y consolidan la importancia de la transparencia retributiva como instrumento de control democrático del gasto público.

 

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias relevantes en materia de transparencia retributiva en el empleo público, en las que reconoce el derecho de acceso a información relativa a las cantidades percibidas por funcionarios en concepto de complemento de productividad.

Las resoluciones, dictadas en recursos de casación promovidos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se refieren a solicitudes de información dirigidas al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior.

En la primera de ellas, la Sentencia 727/2026, de 10 de junio, el Tribunal Supremo analiza una solicitud relativa a los criterios de distribución del complemento de productividad en el Ministerio de Justicia durante los años 2019 y 2020, así como a las cantidades satisfechas por productividad y gratificaciones extraordinarias.

En la segunda, la Sentencia 769/2026, de 18 de junio, el Tribunal Supremo aborda una solicitud de acceso a información sobre la productividad coyuntural abonada en diciembre de 2021 en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

En ambas resoluciones, el Tribunal Supremo destaca que el derecho de acceso a la información pública no es solo un principio rector de la actuación administrativa, sino un derecho vinculado a las exigencias propias de un Estado democrático y de Derecho.

El Alto Tribunal subraya además que la transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas, ya que permite controlar el uso de fondos públicos y verificar que la asignación de retribuciones se realiza conforme a la legalidad, con criterios objetivos y bajo principios de igualdad, mérito y capacidad.

Las sentencias también recuerdan que la condición de empleado público limita el ámbito de privacidad respecto de determinados datos profesionales vinculados al puesto de trabajo y a la organización administrativa, especialmente cuando se trata de información individualizada de carácter retributivo asociada al desempeño de funciones públicas.

En este sentido, el Tribunal Supremo declara que los representantes sindicales tienen derecho a acceder a la información pública relativa a las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de complemento de productividad.

Para el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, estas resoluciones tienen especial relevancia porque consolidan una doctrina favorable a la transparencia en el uso de recursos públicos y refuerzan el papel de los órganos garantes en la protección efectiva del derecho de acceso a la información.

La transparencia retributiva no supone una difusión indiscriminada de datos personales, sino una herramienta de control público sometida a los límites y garantías previstos en el ordenamiento jurídico. Su finalidad es asegurar que la gestión de los fondos públicos pueda ser conocida, evaluada y fiscalizada con arreglo a criterios de legalidad, objetividad y buena administración.