Normativa reguladora
Ámbito autonómico
La transparencia en la Región de Murcia se regula por la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta norma profundiza y amplía las obligaciones de derecho a la información pública recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (de ámbito estatal).
La Ley 12/2014 fue modificada en 20124 por la Ley 1/2024, de 8 de julio, de creación de la figura del Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, estableciendo que el cumplimiento por parte de las entidades e instituciones de las obligaciones de publicidad activa será objeto de control por parte del Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia.
La necesidad de reducir el aparato administrativo que reclaman los ciudadanos para dotarlo de mayor agilidad justifica la revisión de las normas establecidas en su día en relación al control de las obligaciones de transparencia y derecho de acceso a la información pública, sustituyendo el Consejo de la Transparencia por un órgano unipersonal que pueda gestionar y resolver con mayor facilidad y eficiencia las peticiones que se planteen en esta materia.
Ámbito estatal
Tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Parlamento Europeo
Tiene el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y servicios, estableciendo un conjunto de normas mínimas que regula la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de documentos conservados por organismos del sector público.